El 70 por ciento de la demanda de seguridad privada de nuestro país se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), mientras que Santa Fe, Mendoza y Córdoba dominan el 15 por ciento de la porción restante. Otro 15 por ciento se distribuye en el resto de las provincias.

Ese reparto, por así decirlo, de las prestaciones privadas de custodia y protección tiene relación directa con el hecho de que las ingentes necesidades de seguridad sobrepasan la capacidad de repuesta de las fuerzas policiales, cuyo concurso no alcanza, ni con mucho, para atener el reclamo social por una vida cotidiana tranquila.