Desde una perspectiva psicosocial, atravesamos en nuestro país una pandemia en el sentimiento de inseguridad, según coinciden en advertir los especialistas en la materia en un informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

Esa situación provoca anomia, con ruptura de los lazos de solidaridad y de apoyos mutuos. Se exacerba la desconfianza hasta el quiebre de la solidaridad comunitaria, se tiende a evitar el uso de los espacios públicos y se extiende el temor a convertirse en víctima.

Las consecuencias de los hechos delictivos y la violencia son graves y duraderas. El crimen y el miedo a la victimización reducen considerablemente el bienestar y constituyen una amenaza al desarrollo: distorsionan la asignación de gastos públicos y privados, generan daños y pérdidas irreparables, alterando, además, nuestras rutinas diarias.

Los requerimientos respecto de la vigilancia privada se incrementan día tras día en el orden nacional y en las provincias, de acuerdo con las realidades de cada ciudad, localidad o región, que no son homogéneas pero que coinciden en cuanto al aumento de los riesgos, de los hechos delictivos y de la victimización como la amenaza más temida.

Córdoba representa el 15 por ciento de la demanda total de este tipo de protección de nuestro país, el mismo porcentaje que suman entre Santa Fe y Mendoza, en tanto que el área metropolitana de Buenos Aires concentra el 70 por ciento de necesidades de este servicio.

El incesante crecimiento del sector de la seguridad privada, en cantidad de guardias tanto como en infraestructura de servicios y recursos tecnológicos, ha experimentado una notable aceleración en los últimos cinco años.

De acuerdo con datos del Ministerio del Interior, este tipo de protección se expande en la Argentina a un ritmo del 5% anual y, en igual periodo, se incorpora a las filas de este segmento un promedio de 10.000 nuevos vigiladores.

A pesar de esos datos proporcionados por fuentes gubernamentales, funcionarios nacionales y provinciales coincidan en aseverar que la “sensación de inseguridad” es superior a las contingencias reales o a los sucesos delictivos concretos.