El concepto de vigilancia privada va más allá del hecho de evitar hechos delictivos que pudieran implicar daños a personas o la sustracción de bienes, aunque, por cierto, esa consecuencia sea lo que más preocupe.

La prevención de incidentes también debe formar parte de un servicio que se precie y orientado a los resultados en términos de tranquilidad. Sobre todo cuando se trata de contingencias que implican el riesgo probable de derivar en accidentes.

En este sentido, los procedimientos de vigilancia deben ser amplios y minuciosos, de modo de no dejar nada librado al azar y reducir al máximo las situaciones riesgosas a que están expuestas las personas, el cuidado de cuyos bienes también se procura.

El incremento de los riesgos se ha tornado cada vez más preocupante, de donde resulta imprescindible la protección de bienes y personas. En esa medida, tanto más apremiante es también el requerimiento de tranquilidad, que tiene directa incidencia en la calidad de vida, en el orden personal lo mismo que en el plano comunitario.

Propia de las ciudades modernas, que ostentan elevadas tasas de criminalidad, esta situación se refleja, por cierto, en la creciente demanda de vigilancia privada para evitar distinto tipo de delitos, como, por caso, hurtos, robos y atentados contra las personas, entre otros.

Si bien se mira, en ese sentido, una vida tranquila no es otra cosa que una vida segura, con garantías de cuidado y custodia.

Para brindar un servicio idóneo en materia de vigilancia, prevención y control, las cualidades de un vigilador se miden, por lo pronto, por su capacidad para ejercer una atenta y minuciosa observación, que está en la base de todo procedimiento preventivo para reducir las contingencias en contextos en que el riesgo siempre está como posibilidad.

Esa aptitud implica la combinación de percepción y registro detallado de cuanto ocurre y, al mismo tiempo, la anticipación a lo que podría suceder.

Es el único modo de garantizar una efectiva custodia de personas y de bienes, cualquiera sea la naturaleza del objetivo que se proteja: instituciones privadas y públicas, empresas, consorcios, grandes superficies, entre otros.

El recorrido y la verificación permanentes por todos los sectores señalados para efectuar la vigilancia consolidan ese servicio, teniendo en cuenta los riesgos evaluados previamente y, por lo tanto, las posibilidades de mayor vulnerabilidad.