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EN DEPENDENCIAS PÚBLICAS, SEGURIDAD PRIVADA…

No es algo nuevo, aunque resulte un tanto paradójico: el propio Estado, que dispone oficialmente de las fuerzas policiales, se ha convertido en un importante usuario de servicios de seguridad privada.

Cada vez más notable, el hecho constituye un indicador inequívoco sobre las crecientes necesidades de protección que se registran no ya sólo entre los particulares, sino también en las dependencias públicas.

Como corresponde administrativamente, los prestaciones para organismos oficiales (que incluyen hospitales, museos, escuelas, institutos, entre otras unidades estatales) se contratan a través de llamados a licitación.

El Estado no es, pues, una excepción a los crecientes requerimientos de prevención y control que experimenta la propia sociedad, en tiempos de ostensible inseguridad ciudadana.

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PREOCUPADOS POR LA INSEGURIDAD

El incesante aumento de la delincuencia oficialmente registrada es un dato evidente, que objetiva una situación real de la vida cotidiana, más allá y por encima de la percepción subjetiva, que puede ser más o menos aproximada respecto de lo que ocurre en ese sentido.

A ese orden, la estadística sobre distintas variantes de hechos delictivos verificados en segmentos socioeconómicos de diferente nivel contrasta con las sensaciones de inseguridad, ese expediente remanido al que apelan una y otra vez los gobiernos de turno.

Por eso mismo, hay cada vez más motivos para necesitar de los vigiladores privados. La inseguridad se ha convertido en unos de los asuntos sociales más preocupantes y de mayor relevancia, en un contexto en que el Estado, por mucho que se esfuerce en el ejercicio del monopolio de la fuerza, no alcanza a garantizar, sin embargo, la cobertura integral para la protección de personas y de bienes.

Al fin de cuentas, lo que se pretende justificar, aunque finalmente resulte en vano, la insuficiencia de las fuerzas policiales para prevenir las situaciones de riesgo de las que se prevalecen los malhechores, a falta de vigilancia y control oficiales.

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EL DELITO TRAZA SU MAPA

Un mapa del delito o del crimen es una herramienta cartográfica utilizada por los analistas de las fuerzas de seguridad para visualizar y analizar los patrones de la delictualidad en un lugar determinado, ya sea para fines estadísticos, así como también para predecir y prevenir acciones antisociales.

Es un elemento clave en las estrategias policiales de análisis y prevención del delito y, por añadidura, de los requerimientos de la vigilancia privada como complemento de los servicios estatales.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

La cartografía delictual permite a los expertos en el tema, usando el sistema de información geográfica (SIG), identificar los puntos críticos donde ocurren delitos junto a otros patrones y tendencias criminales.

El mapa del delito obtiene los datos principalmente de los registros de denuncias y de órdenes emanadas por la justicia. Con el uso de SIG, los analistas de la delincuencia pueden superponer al mapa del delito otras bases de datos, como la demografía del censo de población, las ubicaciones de los bancos, escuelas, centros comerciales, etc., para una mejor comprensión de las causas subyacentes del delito y ayudar a los agentes encargados del cumplimiento de la ley a elaborar estrategias para abordar el problema.

CONOCER CAUSAS, ZONAS Y HORARIOS 

El SIG es también útil para las operaciones del cumplimiento de la ley, como la asignación de agentes de policía y el envío a emergencias.

Bajo una perspectiva policial y de políticas gubernamentales, los mapas del delito contribuyen para comprender los patrones conductuales de encarcelamiento y reincidencia delictual, las causas por las que se comete un delito, conocer las zonas y horarios específicos en donde se perpetra cierto tipo de ilícitos, ayudando de esta forma a un uso eficiente de los recursos y en la elaboración de programas para combatir a la delincuencia.