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MÁS VIGILANCIA FRENTE A LA CRIMINALIDAD

En un contexto deficitario por parte de las fuerzas de seguridad estatales para garantizar las condiciones de seguridad fuera del espacio de lo público, la demanda de guardias privados cobra un valor diferencial, además de necesario. Tanto más en las actuales circunstancias de excepcionalidad, con medidas de restricción establecidas a consecuencia de la pandemia del Covid-19.

Baste con observar lo que acontece en edificios, residencias particulares, countries, barrios cerrados, empresas e instituciones para comprender la dimensión de esa necesidad, en objetivos adonde sería prácticamente imposible brindar cobertura oficial, en la medida en que la infraestructura no alcanza.

Por eso mismo, la decisión de contratar servicios de vigilancia y control es siempre una inversión. Lo es sobre todo teniendo en cuenta del incesante aumento de delitos y la exacerbación de los riesgos.

Las tareas de control y, mejor aún, las de prevención que llevan adelante los vigiladores privados están orientadas precisamente a lograr la mayor reducción posible de contingencias que pudieran comprometer la seguridad de personas y de bienes.

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PREOCUPADOS POR LA INSEGURIDAD

El incesante aumento de la delincuencia oficialmente registrada es un dato evidente, que objetiva una situación real de la vida cotidiana, más allá y por encima de la percepción subjetiva, que puede ser más o menos aproximada respecto de lo que ocurre en ese sentido.

A ese orden, la estadística sobre distintas variantes de hechos delictivos verificados en segmentos socioeconómicos de diferente nivel contrasta con las sensaciones de inseguridad, ese expediente remanido al que apelan una y otra vez los gobiernos de turno.

Por eso mismo, hay cada vez más motivos para necesitar de los vigiladores privados. La inseguridad se ha convertido en unos de los asuntos sociales más preocupantes y de mayor relevancia, en un contexto en que el Estado, por mucho que se esfuerce en el ejercicio del monopolio de la fuerza, no alcanza a garantizar, sin embargo, la cobertura integral para la protección de personas y de bienes.

Al fin de cuentas, lo que se pretende justificar, aunque finalmente resulte en vano, la insuficiencia de las fuerzas policiales para prevenir las situaciones de riesgo de las que se prevalecen los malhechores, a falta de vigilancia y control oficiales.