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PREOCUPADOS POR LA INSEGURIDAD

La inseguridad se ha convertido en unos de los asuntos más preocupantes y de mayor relevancia para los ciudadanos de todos los segmentos socioeconómicos, sin distinción de clases.

No es, como se suele creer, una sensación infundida por los medios de comunicación masiva ni por el auge de las redes sociales que multiplican mensajes negativos. Por lo contrario, lo que sentimos se corresponde con la estadística alarmante de hechos delictivos verificables y el elevado riesgo que acecha a la vuelta de la esquina.

La inseguridad no es producto de la imaginación o del miedo. Es real y, si bien se mira, el incesante aumento de  la delincuencia exige día tras día medidas preventivas personales tanto como colectivas, más allá del concurso de las fuerzas policiales a través de las cuales el Estado ejerce una facultad insustituible

Sin embargo, ese incremento del delito obliga a la mayor habilitación gubernamental al sector privado para complementar mediante tareas de vigilancia, prevención y control. 

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SEGURIDAD PRIVADA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

No es algo nuevo, aunque resulte un tanto paradójico: el propio Estado, que dispone oficialmente de las fuerzas policiales, se ha convertido en un importante usuario de servicios de seguridad privada. Y en los tiempos de pandemia, con mayor razón, por lo mismo que se multiplicaron las necesidades de seguridad en todos los sectores sociales. 

Cada vez más notable, el hecho constituye un indicador inequívoco sobre las crecientes necesidades de protección que se registran no ya sólo entre los particulares, sino también en las dependencias públicas.

Como corresponde administrativamente, los prestaciones para organismos oficiales (que incluyen hospitales, museos, escuelas, institutos, entre otras unidades estatales) se contratan a través de llamados a licitación.

El Estado no es, pues, una excepción a los crecientes requerimientos de prevención y control que experimenta la propia sociedad, en tiempos de ostensible inseguridad ciudadana.

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MÁS VIGILANCIA PRIVADA, MENOS INSEGURIDAD

Es verdad que, en rigor, la vigilancia privada no garantiza la seguridad, cuya responsabilidad indelegable concierne a las fuerzas estatales, pero no lo es menos que reduce los riesgos mediante el control de las contingencias y previene los episodios que contribuyen a vulnerarla. Desde esa perspectiva, la vigilancia privada disminuye la inseguridad.

No es casual, pues, la decisión legislativa en la provincia de Córdoba por articular la seguridad pública con la seguridad privada.

La estadística sobre distintas variantes de hechos delictivos verificados en segmentos socioeconómicos de diferente nivel contrasta con las sensaciones de inseguridad, esa excusa remanida al que apelan una y otra vez los gobiernos de turno.

Lo que acontece en la vida cotidiana implica un incesante aumento de la delincuencia, esté o no oficialmente registrada. Se trata de un dato evidente y objetivo, más allá y por encima de la percepción subjetiva, que puede ser más o menos aproximada respecto de lo que ocurre en ese sentido.