En las actuales circunstancias, los servicios de vigilancia, prevención y control privados se han tornado fundamentales para la protección de personas y bienes.
Pero no se trata de cualquier prestación, por cierto, sino de aquella que esté garantizada por guardias formados profesionalmente, calificados por su elevada capacitación. Tampoco cualquier organización, sino la que acredite firmeza jurídica, transparencia institucional, así como también documentación fiscal y administrativa en regla.
Los requerimientos de vigilancia resultan proporcionales al incremento de la inseguridad, en cuyo contexto el aumento de la delincuencia oficialmente registrada (y que se verifica en distintos segmentos socioeconómicos) es un dato evidente, como lo indican relevamientos nacionales y provinciales.
No por casualidad, la inseguridad encabeza el ránking, por así decirlo, de las preocupaciones sociales, sobre todo en la vida urbana, y no ya sólo en sectores periféricos o marginales sino en lugares céntricos adonde la asistencia policial es más visible o tiene mayor presencia.
Lo que ocurre, en ese sentido, es que la inseguridad como sensación se exacerba toda vez que al Estado, que ostenta el ejercicio del monopolio de la fuerza, no le resulta posible garantizar la cobertura integral para la protección.
