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POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA

Con distintas y efectivas modalidades, que podrían haberse evitado mediante guardias diurnas y nocturnas, los ladrones hacen de las suyas sin que nadie se los impida o al menos advierta su presencia para disuadirlos. Es lo que suele acontecer en los edificios, sobre todo.

La falta de conciencia sobre la necesidad de contratar servicios de vigilancia privada para control y prevención resulta considerablemente más costosa cuando se actúa sobre los hechos consumados, para evaluar los daños provocados.

La secuencia de robos perpetrados en numerosas unidades habitacionales a lo largo del año forman parte de una costumbre que, por si no bastara, se lleva a cabo con tranquilidad y, con frecuencia, impunemente. Lo que prevalece como método para ingresar a las unidades es la brutal rotura de las puertas de los inmuebles. Lo que sigue es el literal saqueo de los departamentos, no sin violentarlos en su interior.

Esa posibilidad es tanto más viable en los consorcios adonde los delincuentes tienen libre el camino para su accionar delictivo, en la medida en que no disponen de vigiladores privados que aseguren la custodia de ese objetivo para protección de los departamentos.

Es lo que ocurre en tanto edificio de Córdoba, adonde, al fin de cuentas, la calidad de vida consorcial incluye ese factor, que debería ser puesto en valor toda vez que se analizan los costos de las expensas.

EL PEOR REGISTRO DE INSEGURIDAD

Según datos nacionales, Córdoba figura entre las cuatro jurisdicciones con el peor registro de inseguridad. El mapa argentino del delito ubica a nuestra provincia en dos extremos: entre las más inseguras del país y, al mismo tiempo, con una de las tasas más bajas de homicidios.

Un informe del Ministerio de Seguridad de la Nación muestra las cifras de una realidad harto preocupante: asesinatos, robos y violaciones.

Se trata de un monitoreo constante que abarca a todo el territorio nacional con el objetivo de tener un punto de partida al momento de debatir sobre inseguridad, violencia y políticas públicas.

Así, se advierte que la tasa de robos en Córdoba es la cuarta peor de todo el país (1.865 casos cada 100 mil habitantes), sólo por debajo de Mendoza (2.467), Neuquén (2.402) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2.374).

Las estadísticas sobre inseguridad oficialmente registrada confirman la creciente necesidad de vigilancia privada en complemento de las tareas que llevan adelante las fuerzas policiales, particularmente en orden al control y prevención de delitos que pudieran afectar a personas y bienes en objetivos que esos efectivos no alcanzan a cubrir.

En contrapartida, al comparar las tasas provinciales de homicidios, Córdoba aparece en el extremo opuesto de la tabla: la séptima provincia con menor registro.

Santa Fe, Chubut y Mendoza son las jurisdicciones con más asesinatos, en tasas.

Por ello conviene aclarar que si bien hubo más crímenes, por ejemplo, en Buenos Aires que en Chubut, en lo que respecta a los números absolutos, al comparar las tasas surge que la segunda provincia tiene un indicador peor.

En tanto, Corrientes, Tierra del Fuego y Catamarca aparecen como las menos violentas, aunque el informe subraya que los datos de Corrientes no parecen fiables. El documento sintetiza los datos del Sistema Nacional de Información Criminal (Snic), realizado por la Dirección Nacional de Información Operacional y Mapa del Delito, a partir de las estadísticas entregadas por los organismos competentes de cada provincia y por las fuerzas federales, que están obligadas a cumplir a partir de la ley 22.117.

LA DEMANDA DE VIGILANCIA

Córdoba representa el 15 por ciento de la demanda total de vigilancia privada de nuestro país, el mismo porcentaje que suman entre Santa Fe y Mendoza, en tanto que el área metropolitana de Buenos Aires concentra el 70 por ciento de necesidades de este servicio.

Los requerimientos respecto de este tipo de protección se incrementan día tras día, entre otras razones porque las crecientes necesidades sociales de seguridad han terminado por sobrepasar considerablemente la capacidad de respuesta del Estado.

Ello es así, en mayor o en menor grado, en el orden nacional, lo mismo que en las provincias, de acuerdo con las realidades de cada ciudad, localidad o región, que no son homogéneas pero que coinciden en cuanto al aumento de los riesgos, de los hechos delictivos y de la victimización como la amenaza más temida.