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MÁS NECESIDADES DE PROTECCIÓN

Córdoba representa el 15 por ciento de la demanda total de vigilancia privada de nuestro país, el mismo porcentaje que suman entre Santa Fe y Mendoza, en tanto que el área metropolitana de Buenos Aires concentra el 70 por ciento de necesidades de este servicio.

Los requerimientos respecto de este tipo de protección se incrementan día tras día en el orden nacional y en las provincias, de acuerdo con las realidades de cada ciudad, localidad o región, que no son homogéneas pero que coinciden en cuanto al aumento de los riesgos, de los hechos delictivos y de la victimización como la amenaza más temida.

LA INSEGURIDAD DIFUSA

En materia de seguridad, existe una elevada cifra negra de la criminalidad, habida cuenta de que en todos los niveles sociales se mantiene una alta desconfianza frente a la denuncia de los episodios, circunstancia que impide contar con datos precisos acerca de la penetración del delito mediante herramientas diferentes a las encuestas de victimización.

En ese sentido, el sector más vulnerable en nuestro país es la clase media no profesional, que se ha convertido en el grupo social más victimizado. En ese segmento, en efecto, el 32 por ciento confiesa haber sufrido asaltos, frente al 24 por ciento registrado en barrios humildes.

Sólo el 47 por ciento de las víctimas denunció el hecho, según revela un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), de dónde la criminalidad ciertamente se torna difusa.

Los sondeos o relevamientos de victimización son aportes bien ponderados en muchos países, en la medida en que permiten delinear sus políticas de seguridad. Uno de sus efectos más valorados radica en el blanqueo de las cifras negras del delito no denunciado en el ámbito judicial.

SOMBRAS DE LA INSEGURIDAD

Desde una perspectiva psicosocial, fuera de la enfermedad por el coronavirus,  atravesamos en nuestro país otra pandemia: la del sentimiento de inseguridad, según coinciden en advertir especialistas en la materia en un informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

Esa situación genera anomia, con ruptura de los lazos de solidaridad y de apoyos mutuos. Se exacerba la desconfianza hasta el quiebre de la solidaridad comunitaria, se tiende a evitar el uso de los espacios públicos y se extiende el temor a convertirse en víctima.

Las consecuencias de los hechos delictivos y la violencia son graves y duraderas. El crimen y el miedo a la victimización reducen considerablemente el bienestar y constituyen una amenaza al desarrollo: distorsionan la asignación de gastos públicos y privados, generan daños y pérdidas irreparables, alterando, además, nuestras rutinas diarias.