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GUARDIAS SUPERVISADOS

Para que el servicio de vigilancia privada y prevención sea realmente efectivo, resulta clave que se lleve a cabo un control diario de las tareas asignadas a los guardias, mediante gestión de los procesos y procedimientos de supervisión.

Ese es, en rigor, el objetivo de los supervisores, su tarea fundamental, toda vez que deben concurrir continuamente cada uno de los lugares adonde se brindan los servicios de vigilancia privada, de modo de observar que los guardias cumplan sus funciones de manera responsable y eficaz, enfocados en las necesidades y requerimientos de los clientes.

Todo ello, verificando, por cierto, el estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad. Para lo cual, a su vez, es necesario también que los supervisores estén especialmente capacitados.

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INSEGURIDAD EN EDIFICIOS

Cada vez que se permite el ingreso de una persona extraña al edificio, se pone en riesgo la seguridad de todos los vecinos. Las cámaras de seguridad no parecen ser la solución ni tampoco una forma de prevención. Los administradores pierden el rastro de la investigación, luego de entregarle las grabaciones a la Policía como evidencia.

Y bien: se reiteran los robos en edificios de Córdoba. Por lo general, los ladrones eligen forzar las puertas con distintos objetos (una palanca, por ejemplo) para acceder a los departamentos.

Un relevamiento realizado por revista Coterránea en 30 consorcios del barrio General Paz reveló que el 76% de los edificios de esa zona cuenta con llavero magnético en el ingreso al edificio, y el 60% tiene además cámaras de seguridad. Sin embargo, estas medidas no resultan suficientes.

Administradores opinan que lo ideal sería contar con la presencia de guardias. Sin embargo, sólo el 6% tiene trabajadores activos durante las 24 horas y el 20% es vigilado por guardia nocturno. Esto significa que el 74% restante no tiene a nadie que controle el ingreso, y por lo tanto, toda la responsabilidad recae sobre los vecinos del edificio.

Si bien las cámaras de seguridad no previenen, sí sirven para darle una respuesta subsidiaria a la víctima y a la Policía, que las utiliza como evidencia. De igual manera, tanto administradores como vecinos pierden el rastro de lo que ocurre con la grabación y la investigación basada en ella.

Más incertidumbres surgen cuando ocurre un corto circuito o algún problema técnico y las cámaras dejan de grabar. Estas situaciones aumentan la tensión entre vecinos y administradores porque éstos no pueden ofrecer respuestas.

(Fuente: revista Coterránea).

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COSTOSA INSEGURIDAD

El costo de la inseguridad pública en nuestro país representa por año el 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, se trata todavía una asignatura pendiente, en la medida en que sucesivos gobiernos nacionales y provinciales no han podido reducir significativamente los índices de los diversos delitos.
 
La expansión de la vigilancia privada es proporcional a esa insuficiencia estatal.
 
Las cifras incluyen el gasto público en policía, justicia y administración de prisiones, el costo social por victimización (ingreso no percibido de damnificados) y el lucro cesante de las personas privadas de su libertad.
 
Aunque se sitúa por debajo del promedio regional (3,5 % del PIB), ese costo implica un monto suficiente, por caso, para aumentar en 50 % la inversión en educación.