El costo de la inseguridad pública en nuestro país representa por año el 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, se trata todavía una asignatura pendiente, en la medida en que sucesivos gobiernos nacionales y provinciales no han podido reducir significativamente los índices de los diversos delitos.
La expansión de la vigilancia privada es proporcional a esa insuficiencia estatal.
Las cifras incluyen el gasto público en policía, justicia y administración de prisiones, el costo social por victimización (ingreso no percibido de damnificados) y el lucro cesante de las personas privadas de su libertad.
Aunque se sitúa por debajo del promedio regional (3,5 % del PIB), ese costo implica un monto suficiente, por caso, para aumentar en 50 % la inversión en educación.
