En viviendas residenciales, en countries y en barrios cerrados, se ha acentuado la instalación de cercos electrificados, como si de ese modo pudiera evitarse que la ola de robos se extienda en los hogares, en un contexto de creciente inseguridad. 

Sin embargo, como demuestra la experiencia, el control y la prevención que ejercen los vigiladores privados no pueden ser efectivamente reemplazados por ese mecanismo que, además, ha provocado problemas por los riesgos que implica y por sus alcances legales. Quienes se encargan de proveer el servicio se refugian en los códigos Civil y Comercial de la Nación y Penal al afirmar que este tipo de muros es legal.

Además, afirman que no son letales. Sin embargo, la Asociación Electrotécnica Argentina establece ciertas normas. A diferencia de las alarmas convencionales, barreras infrarrojas y de microondas, sensores de movimiento y cables microfónicos que se activan una vez que el intruso ha ingresado al predio o la vivienda, este tipo de cercos constan de un tendido de cable de acero y un electrificador que transmite pulsos de alto voltaje, pero bajo amperaje que, al ser tocada, genera un doloroso choque eléctrico que aturde al invasor. 

Como quiera que sea, lo cierto es que no constituyen barreras efectivas para garantizar la seguridad integral de un objetivo, cualquiera sea su naturaleza. 

Al fin de cuentas, la presencia física de los guardias sigue siendo imprescindible.