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CON TEMOR A LA INSEGURIDAD

En la Argentina, el miedo a la inseguridad (al delito, específicamente) es compartido mayoritariamente por todas las clases sociales: 9 de cada 10 connacionales se consideran potenciales víctimas de la delincuencia.

En ese contexto, en que la mayoría no se siente a salvo de sufrir un episodio delictivo, para el 32,2 por ciento los robos y los asaltos constituyen la principal inquietud.

El 87 por ciento de los argentinos se siente inseguro en su casa, de modo tal que entre la seguridad objetiva y la subjetiva existe el miedo, que afecta a todos los niveles sociales, aunque, en rigor, la clase media es la más golpeada, como que el 27,7 por ciento de los hogares de este segmento padeció un asalto o un robo.

De hecho, la inseguridad es la principal preocupación de la población urbana mayor de 18 años, aun más que la pobreza, la corrupción o la educación.

Tales datos surgen del trabajo del Observatorio de la Deuda Social Argentina sobre “Victimización e inseguridad subjetiva en la población urbana de la Argentina”.

A través de un sondeo nacional, ese grupo de investigación de la Universidad Católica Argentina (UCA) concluyó que el “fantasma de la inseguridad” es el tema que se mantiene a la cabeza de todas las muestras analizadas por esta casa de altos estudios desde 2010 hasta la fecha.

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LOS MÁS VULNERABLES FRENTE A LA INSEGURIDAD

El 32 por ciento de la clase media no profesional confiesa haber sufrido asaltos, frente al 24 por ciento registrado en barrios humildes, con lo cual se constituye en el sector más vulnerable de la inseguridad en nuestro país y, en esa medida, en el grupo social más victimizado.

Sin embargo, persiste una elevada cifra negra de la criminalidad, habida cuenta de que en todos los niveles sociales se mantiene una alta desconfianza frente a la denuncia de los episodios, circunstancia que impide contar con datos precisos acerca de la penetración del delito mediante herramientas diferentes a las encuestas de victimización.

Sólo el 47 por ciento de las víctimas denunció el hecho, según revela un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), de dónde la criminalidad ciertamente se torna difusa.

Los autores del informe, llevado adelante en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano y las principales ciudades del interior, señalan que, “básicamente, se considera una pérdida de tiempo la realización de la denuncia, especialmente porque se tiene la convicción de que no producirá resultados positivos”.

En ese sentido, los sondeos o relevamientos de victimización son aportes bien ponderados en muchos países, en la medida en que permiten delinear sus políticas de seguridad. Uno de sus efectos más valorados radica en el blanqueo de las cifras negras del delito no denunciado en el ámbito judicial.

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HASTA EL ESTADO APELA A LA VIGILANCIA PRIVADA

No es algo nuevo, aunque resulte un tanto paradójico: el propio Estado, que dispone oficialmente de las fuerzas policiales, se ha convertido en un importante usuario de servicios de seguridad privada.

Cada vez más notable, el hecho constituye un indicador inequívoco sobre las crecientes necesidades de protección que se registran no ya sólo entre los particulares, sino también en las dependencias públicas.

Como corresponde administrativamente, los prestaciones para organismos oficiales (que incluyen hospitales, museos, escuelas, institutos, entre otras unidades estatales) se contratan a través de llamados a licitación.

El Estado no es, pues, una excepción a los crecientes requerimientos de prevención y control que experimenta la propia sociedad, en tiempos de ostensible inseguridad ciudadana.