El 64 por ciento de los delitos que se cometen en la Argentina son violentos. El hurto de objetos personales y el robo en viviendas se ubican con el 10 y el 7 por ciento, respectivamente.
En el 27 por ciento de los hogares al menos uno de sus integrantes ha sido víctima de un hecho delictivo en los últimos seis meses, según señala un informe de la Universidad Torcuato Di Tella La mayor cantidad de hechos ocurre en distritos urbanos de hasta 500 mil habitantes.
Sin vigilancia, las distintas formas del delito son más viables. En materia de inseguridad, la relación causa-efecto en los hechos es evidente. Con distintas y efectivas modalidades, allí donde no se dispone de guardias privados cumpliendo tareas de prevención y control, los delincuentes hacen de las suyas, sin que nadie se los impida o advierta al menos su presencia para disuadirlos.
La secuencia de robos perpetrados en numerosas unidades habitacionales a lo largo del año forma parte de una costumbre que, por si no bastara, se lleva a cabo con tranquilidad.
Es tanto más probable en consorcios adonde los delincuentes tienen libre el camino para su accionar delictivo, en la medida en que falta protección de los departamentos.
En nuestro país sólo el 47 por ciento de las víctimas de delitos denuncia el hecho ante las autoridades competentes. Predomina la convicción de que se trata de un procedimiento burocrático que importa una pérdida de tiempo y que no producirá resultados positivos, según conclusiones del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.
En todos los niveles sociales se mantiene una alta desconfianza respecto de la denuncia. Por eso mismo, en relación con delitos de distinta naturaleza, persiste un elevado desconocimiento, en la medida en que existen episodios no registrados porque no fueron declarados.
En función de esas variables, las políticas de seguridad de los estados nacional y provinciales son diseñadas sobre la base de estadísticas incompletas.
La consiguiente necesidad de vigilancia privada como auxiliar de los agentes policiales no es casual.
De ahí la dificultad de contar con datos precisos sobre la penetración del delito mediante herramientas diferentes de las encuestas de victimización, que mal que bien compensan las deficiencias estadísticas de los organismos oficiales o estatales.
