En nuestro país sólo el 47 por ciento de las víctimas de delitos denuncia el hecho ante las autoridades competentes. Predomina la convicción de que se trata de un procedimiento burocrático que importa una pérdida de tiempo y que no producirá resultados positivos, según conclusiones del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.
En todos los niveles sociales se mantiene una alta desconfianza respecto de la denuncia. Por eso mismo, en relación con delitos de distinta naturaleza, persiste un elevado desconocimiento, en la medida en que existen episodios no registrados porque no fueron declarados.
En función de esas variables, las políticas de seguridad de los estados nacional y provinciales son diseñadas sobre la base de estadísticas incompletas.
La consiguiente necesidad de vigilancia privada como auxiliar de los agentes policiales no es casual.
De ahí la dificultad de contar con datos precisos sobre la penetración del delito mediante herramientas diferentes de las encuestas de victimización, que mal que bien compensan las deficiencias estadísticas de los organismos oficiales o estatales.
