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HASTA EL ESTADO APELA A LA VIGILANCIA PRIVADA

No es algo nuevo, aunque resulte un tanto paradójico: el propio Estado, que dispone oficialmente de las fuerzas policiales, se ha convertido en un importante usuario de servicios de seguridad privada.

Cada vez más notable, el hecho constituye un indicador inequívoco sobre las crecientes necesidades de protección que se registran no ya sólo entre los particulares, sino también en las dependencias públicas.

Como corresponde administrativamente, los prestaciones para organismos oficiales (que incluyen hospitales, museos, escuelas, institutos, entre otras unidades estatales) se contratan a través de llamados a licitación.

El Estado no es, pues, una excepción a los crecientes requerimientos de prevención y control que experimenta la propia sociedad, en tiempos de ostensible inseguridad ciudadana.

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VIGILANCIA PRIVADA COMO SERVICIO SEGURO

En las actuales circunstancias, los servicios de vigilancia, prevención y control privados se han tornado fundamentales para la protección de personas y bienes. Pero no se trata de cualquier prestación, por cierto, sino de aquella que esté garantizada por guardias formados profesionalmente, calificados por su elevada capacitación. Tampoco cualquier organización, sino la que acredite firmeza jurídica, transparencia institucional, así como también documentación fiscal y administrativa en regla.

Los requerimientos de vigilancia resultan proporcionales al incremento de la inseguridad, en cuyo contexto el aumento de la delincuencia oficialmente registrada (y que se verifica en distintos segmentos socioeconómicos) es un dato evidente, como lo indican relevamientos nacionales y provinciales.

No por casualidad, la inseguridad encabeza el ránking, por así decirlo, de las preocupaciones sociales, sobre todo en la vida urbana, y no ya sólo en sectores periféricos o marginales sino en lugares céntricos adonde la asistencia policial es más visible o tiene mayor presencia.

Lo que ocurre, en ese sentido, es que la inseguridad como sensación se exacerba toda vez que al Estado, que ostenta el ejercicio del monopolio de la fuerza, no le resulta posible garantizar la cobertura integral para la protección.