Alcanzan a 120 los barrios cerrados y abiertos de la ciudad de Córdoba que pagan un servicio de vigilancia privada, según un relevamiento compatibilizado con un informe de la Secretaría de Seguridad de la Provincia y registros de la Municipalidad de esta ciudad.

La Capital tiene 503 barrios, según el sitio de Datos Abiertos de la Municipalidad; aproximadamente el 20 por ciento cuenta con personal que se encarga de la custodia de las calles, el perímetro y, en algunos casos, el control de los ingresos y egresos. Este porcentaje incluye a los que disponen de vigilancia privada.

En la década de 1990, el acceso a un country era sinónimo de estatus; ahora, la razón de su elección está directamente relacionada con la seguridad.

La necesidad no es exclusiva de quienes tienen un alto poder adquisitivo, sino también de sectores medios que ven en un lugar con vigilancia una solución a la inseguridad.

La principal causa de la demanda de opciones segregadas para vivir –ya sea barrios cerrados o con servicios de vigilancia privados– es el alto nivel de inseguridad que se vive en la sociedad.

Se advierte que los elevados índices de inseguridad de las ciudades tienen consecuencias directas en su estructura funcional, en términos de falta de integración urbana y de cohesión social.

La vigilancia privada no opera de la misma manera en todos los barrios. En la ciudad de Córdoba, hay 27 URE. Son aquellos loteos que, por decreto municipal, están habilitados para controlar los accesos, y su entramado de servicios y calles depende exclusivamente de un consorcio privado. Son ellos, estrictamente, los que pueden ser llamados countries y también los únicos que pueden tener barreras en sus ingresos.

A este rubro hay que sumar a Valle Escondido. La urbanización, que cuenta con 14 barrios, obtuvo una reglamentación especial para su funcionamiento, con una modalidad mixta que combina la libre circulación por una calle central (avenida República de China) y el control en los accesos.

En el resto, la seguridad tiene diferentes matices. Los 79 barrios restantes son urbanizaciones privadas aptas para loteos y tendrían que ser abiertos, de acuerdo con la normativa municipal. Su acceso debe ser libre y no pueden contar con ninguna restricción. Además, sus calles tienen que estar conectadas con el entramado urbano.

Sin embargo, algunos mantienen el cerco perimetral hasta tener la aprobación definitiva de la Municipalidad y otros se promocionan en los avisos de ventas como barrios cerrados, cuando no lo son, aunque sí tienen un sistema de vigilancia.

De los 120 barrios con seguridad privada relevados, 55 cuentan además con adicionales de la Policía de la provincia, de acuerdo con datos suministrados por la misma fuerza. Hay alrededor de cien agentes que están afectados a estas tareas. En promedio, realizan un turno y medio, si se tiene en cuenta que cada uno es de cuatro horas. También hay cuatro barrios tradicionales, según la Policía, que tienen contratados adicionales.

En esta cuenta no están incluidos los housings ni los complejos de edificios, que también se ofrecen con servicios de vigilancia.