Día a día aumentan los requerimientos de parte de organismos públicos para contratar servicios de vigilancia, prevención y control privados, aun cuando esas dependencias puedan disponer, por cierto, del concurso regular de policías, porque se trata de entidades estatales.
Pero, si bien se mira, no alcanza con la custodia de agentes armados.
Por lo general, la participación de la seguridad privada en ámbitos oficiales se procura mediante llamados a licitación, para garantizarse que las prestaciones se ajusten con rigor a las características y requerimientos de cada lugar, amén de que se acredite firmeza administrativa y legal, así como también toda la documentación fiscal en regla.
¿Por qué tanto guardia, allí donde podría suponerse que el Estado debería proveerse a si mismo la seguridad de su infraestructura?
Acaso una de las razones radique en el hecho de que los vigiladores, a diferencia de los policías, se desempeñan como verdaderos vigías (observan, recorren, en alerta permanente) en prevención de delitos o de situaciones que atenten contra las personas y los bienes.