Se dirá que la vigilancia privada no garantiza la seguridad, cuya responsabilidad indelegable concierne a las fuerzas estatales, pero, en rigor de verdad, reduce los riesgos mediante el control de las contingencias y previene los episodios que contribuyen a vulnerarla. Desde esa perspectiva, la vigilancia privada disminuye la inseguridad.
No es casual, pues, la pretensión gubernamental en la provincia de Córdoba por articular la seguridad pública con la seguridad privada.
La estadística sobre distintas variantes de hechos delictivos verificados en segmentos socioeconómicos de diferente nivel contrasta con las sensaciones de inseguridad, esa excusa remanida al que apelan una y otra vez los gobiernos de turno.
Lo que acontece en la vida cotidiana implica un incesante aumento de la delincuencia, esté o no oficialmente registrada. Se trata de un dato evidente y objetivo, más allá y por encima de la percepción subjetiva, que puede ser más o menos aproximada respecto de lo que ocurre en ese sentido.
Convertida, con motivos de sobra, en una preocupación prevalente en la sociedad, la inseguridad determina una ingente necesidad de vigiladores privados en complemento de la cobertura integral para la protección de personas y de bienes, de modo de reducir por lo menos sus alcances.
A falta de vigilancia y control estatales, en la medida en que resultan insuficientes los agentes policiales para prevenir las situaciones de riesgo de las que se prevalecen los malhechores, aumenta en la misma proporción la necesidad de guardias privados.
