Caracterizadas como están las ciudades contemporáneas por el crecimiento de la criminalidad (la oficialmente registrada y la no declarada o denunciada), la vida urbana se desenvuelve con las dificultades que presentan los riesgos exacerbados.
Una de las consecuencias más palpables de esa situación de inseguridad es el deterioro en las condiciones de la “calidad de vida”.
En ese contexto, se verifica una creciente demanda de protección para evitar distintos tipo de delitos, como, por caso, hurtos, robos, atentados contra las personas, entre otros.
Los requerimientos de mayor seguridad por parte de una sociedad atemorizada por el auge del delito son un valor imprescindible que, en las actuales circunstancias, es necesario recobrar apelando no ya sólo a los recursos estatales sino también a los privados. La vigilancia física, en ese sentido, es fundamental.