Las estadísticas sobre inseguridad oficialmente registrada confirman la creciente necesidad de vigilancia privada en complemento de las tareas que llevan adelante las fuerzas policiales, particularmente en orden al control y prevención de delitos que pudieran afectar a personas y bienes en objetivos que esos efectivos no alcanzan a cubrir.
Según datos nacionales, Córdoba figura entre las cuatro jurisdicciones con el peor registro de inseguridad. El mapa argentino del delito ubica a nuestra provincia en dos extremos: entre las más inseguras del país y, al mismo tiempo, con una de las tasas más bajas de homicidios. Un informe del Ministerio de Seguridad de la Nación muestra las cifras de una realidad harto preocupante: asesinatos, robos y violaciones.
Se trata de un monitoreo constante que abarca a todo el territorio nacional con el objetivo de tener un punto de partida al momento de debatir sobre inseguridad, violencia y políticas públicas. Así, se advierte que la tasa de robos en Córdoba es la cuarta peor de todo el país (1.865 casos cada 100 mil habitantes), sólo por debajo de Mendoza (2.467), Neuquén (2.402) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2.374).
Desde el Gobierno cordobés señalaron que esto se debe a que otras provincias tendrían un subregistro de casos denunciados.
En contrapartida, al comparar las tasas provinciales de homicidios, Córdoba aparece en el extremo opuesto de la tabla: la séptima provincia con menor registro.
Santa Fe, Chubut y Mendoza son las jurisdicciones con más asesinatos, en tasas.
Por ello conviene aclarar que si bien hubo más crímenes, por ejemplo, en Buenos Aires que en Chubut, en lo que respecta a los números absolutos, al comparar las tasas surge que la segunda provincia tiene un indicador peor.
En tanto, Corrientes, Tierra del Fuego y Catamarca aparecen como las menos violentas, aunque el informe subraya que los datos de Corrientes no parecen fiables. El documento sintetiza los datos del Sistema Nacional de Información Criminal (Snic), realizado por la Dirección Nacional de Información Operacional y Mapa del Delito, a partir de las estadísticas entregadas por los organismos competentes de cada provincia y por las fuerzas federales, que están obligadas a cumplir a partir de la ley 22.117.
No obstante, en el informe se señala que aún no todas las provincias tienen similares mecanismos para registrar los delitos, por lo que todavía surgen diferencias y dudas con respecto a la utilidad de las comparaciones.
“Dichos problemas no deben llevar a descartar los sistemas de información delictiva y sus resultados, sino que deben suscitar cautela a la hora de analizar los datos”, se indicó desde el Ministerio de Seguridad de la Nación.
