No casuales las decisiones legislativas en distintas provincias (y Córdoba se sumó con su propio marco normativo) para articular la seguridad pública y ciudadana con la seguridad privada, considerando a la segunda como complementaria y auxiliar de la primera.

Se trata de una visión integrada que responde a necesidades concretas y socialmente medibles en cuanto al incremento de los riesgos por el aumento de las acciones delictivas que comprometen a personas y bienes. 

Los gobiernos han tomado conciencia de cómo la la vigilancia privada -con sus estrategias de prevención y control- bien puede reforzar las acciones de las fuerzas policiales para garantizar la seguridad, una responsabilidad indelegable que, sin embargo, no impide apelar a los guardias para ampliar la cobertura. 

Es verdad que la vigilancia privada no garantiza la seguridad, pero no lo es menos que reduce los riesgos mediante el control de las contingencias y previene los episodios que contribuyen a vulnerarla.