Es verdad que la vigilancia privada no garantiza la seguridad, cuya responsabilidad indelegable concierne a las fuerzas estatales, pero no lo es menos que reduce los riesgos mediante el control de las contingencias y previene los episodios que contribuyen a vulnerarla. Desde esa perspectiva, la vigilancia privada disminuye la inseguridad.

No es casual, pues, la decisión legislativa en la provincia de Córdoba por articular la seguridad pública con la seguridad privada.

La estadística sobre distintas variantes de hechos delictivos verificados en segmentos socioeconómicos de diferente nivel contrasta con las sensaciones de inseguridad, esa excusa remanida al que apelan una y otra vez los gobiernos de turno.

Lo que acontece en la vida cotidiana implica un incesante aumento de la delincuencia, esté o no oficialmente registrada. Se trata de un dato evidente y objetivo, más allá y por encima de la percepción subjetiva.