A diferencia de lo que acontece en la Argentina, en muchos países de América latina, la Policía, fuera de su labor habitual, no cubre horas extras ni adicionales ni tareas de seguridad por encargo de particulares, empresas o instituciones, por lo cual ese servicio resulta propio y exclusivo de los vigiladores privados.
En esos casos, el Estado regula la participación complementaria de las organizaciones de seguridad privada (empresas y cooperativas) teniendo en cuenta no sólo las necesidades de cobertura para la protección de bienes y personas, sino también las restricciones impuestas a los agentes oficiales.
En nuestro país, en cambio, el considerable incremento de la demanda de guardias para la vigilancia, control y prevención se debe más al hecho de que el concurso de los agentes policiales no alcanza.
Un déficit evidente que, por curioso contrasentido, se observa incluso de manera clara en numerosas instituciones públicas y dependencias estatales, de la Provincia tanto como de la Nación.
