Se ha comprobado estadísticamente que, sin vigilancia privada, el concurso de las fuerzas policiales sería insuficiente para garantizar la seguridad, una facultad y responsabilidad reservada al Estado, que ejerce el monopolio de la fuerza.
Sin embargo, el aumento incesante de la delincuencia, que desmiente una y otra vez el remanido argumento oficial de que sólo se trata de una “sensación de inseguridad”, obliga a incrementar correlativamente la habilitación gubernamental al sector privado para complementar mediante tareas de vigilancia, prevención y control.
No es un capricho del mercado, como se suele creer. Es una necesidad evidente: la de vivir con mayor tranquilidad, allí donde la inseguridad se ha convertido en unos de los asuntos más preocupantes y de mayor relevancia cuando los ciudadanos de todos los segmentos socioeconómicos (de manera individual, o bien desde instituciones, empresas públicas y privadas, entre otros sectores) piensan en calidad de vida… El miedo no es tonto: más que sensaciones de inseguridad, lo que sentimos son hechos delictivos verificables y un elevado riesgo. Nada imaginario, sino real.