Atemorizados por la escalada delictiva, propietarios e inquilinos han reforzado los sistemas de prevención en los ingresos a los edificios. En efecto, han colocado rejas y sistemas electrónicos para evitar el ingreso de intrusos.
Sin embargo, la proliferación de hechos delictivos al interior de los complejos demuestra que esas medidas resultan insuficientes, tanto más si no se cuenta con vigiladores privados para la prevención y el control.
De todos modos, la instalación de cámaras de seguridad no ha disuadido a los malhechores y ha servido, todo lo más, para observar los hechos consumados, sin siquiera poder identificar a quienes perpetraron los atracos.
En ese contexto, los consorcistas reclaman mayor presencia policial, no sin requerir de vigilancia física permanente, en la medida en que los agentes estatales, aun con el incremento de patrullas callejeras, no garantizan, sea cual fuere la franja horaria, la protección de bienes y de personas.
La necesidad de seguridad privada no es antojadiza: los robos se han multiplicado y se han presentado en diferentes modalidades, como, por caso, el uso de llaves magnéticas de acceso por parte de personas ajenas a los edificios; el aprovechamiento de terrazas y de los movimientos desprevenidos en cocheras.
En todos los casos, los consorcios cuyos reaseguros han sido vulnerados no disponían de la presencia de vigiladores, que, como lo demuestra la experiencia, hubiesen brindado controles más precisos y efectivos.