Atemorizados por la escalada delictiva, y por la inseguridad adicional que se verifica durante la pandemia del coronavirus, propietarios e inquilinos han reforzado los sistemas de prevención y control en los ingresos a los edificios de Córdoba.
En efecto, han colocado rejas y sistemas electrónicos para evitar el ingreso de intrusos. Sin embargo, la proliferación de hechos delictivos al interior de los complejos demuestra que esas medidas resultan insuficientes, tanto más si no se cuenta con vigiladores privados.
Vecinos y porteros de consorcios ubicados en distintos puntos de nuestra ciudad -con prevalencia de los situados en el Centro, en los barrios Nueva Córdoba, Alberdi, Alta Córdoba, Cofico y General Paz- han reiterado sus advertencias sobre esas situaciones de inseguridad, en especial por los robos perpetrados en departamentos.
De todos modos, la instalación de cámaras de seguridad no ha disuadido a los malhechores y ha servido, a lo sumo, para observar los hechos consumados, sin siquiera poder identificar a quienes perpetraron los atracos.
En ese contexto, los consorcistas reclaman, además de mayor presencia policial, vigilancia física permanente, en la medida en que los agentes estatales, aun con el incremento de patrullas callejeras, no garantizan, sea cual fuere la franja horaria, la protección de bienes y de personas.
La necesidad de seguridad privada no es antojadiza: los robos se han multiplicado y se han presentado en diferentes modalidades, como, por caso, el uso de llaves magnéticas de acceso por parte de personas ajenas a los edificios; el aprovechamiento de terrazas y de los movimientos desprevenidos en cocheras.
En todos los casos, los consorcios cuyos reaseguros han sido vulnerados no disponían de la presencia de vigiladores, que, como lo demuestra la experiencia, hubiesen brindado controles más precisos y efectivos.
