La inseguridad se ha convertido en unos de los asuntos más preocupantes y de mayor relevancia para los ciudadanos de todos los segmentos socioeconómicos del país, sin distinción de clases.

No es, como se suele creer, una sensación infundida por los medios de comunicación masiva ni por el auge de las redes sociales que multiplican mensajes negativos. Por lo contrario, lo que sentimos se corresponde con la estadística alarmante de hechos delictivos verificables y el elevado riesgo que acecha a la vuelta de la esquina.

La inseguridad no es producto de la imaginación o del miedo. Es real y, si bien se mira, el incesante aumento de la delincuencia exige día tras día medidas preventivas personales tanto como colectivas, más allá del concurso de las fuerzas policiales a través de las cuales el Estado ejerce una facultad insustituible.

Sin embargo, ese incremento del delito obliga a la mayor habilitación gubernamental al sector privado para complementar mediante tareas de vigilancia, prevención y control.