El incesante aumento de la delincuencia oficialmente registrada desmiente de día en día el reiterado argumento sobre la presunta sensación de inseguridad que experimentarían ciudadanos incluso bien informados e instala la percepción real de que el delito, en sus distintas formas, ha venido para quedarse.

Ello es así, aun cuando en este caso no se cuantifique la “cifra negra” de la criminalidad, al margen de las estadísticas gubernamentales, pero que opera en la práctica -y en diversas variantes-, diseminada por los cuatro puntos cardinales de la Provincia de Córdoba.

El concurso insuficiente de las fuerzas policiales para prevenir las situaciones de riesgo y combatir efectivamente a tanto malhechor obliga a incrementar correlativamente la habilitación gubernamental al sector privado para complementar mediante tareas de vigilancia, prevención y control.

Sin vigilancia privada, imposible parar la inseguridad.

Las estadísticas sobre hechos delictivos refuerzan la convicción de que la vigilancia, la prevención y el control son cada vez más necesarios, como complemento de la cobertura, insuficiente, que efectúen las fuerzas policiales.

Los asaltos representan casos de alto trastorno para la víctima, dado que se ve cara a cara con el o los delincuentes. Constituyen, por eso mismo, uno de los delitos más temidos y que más influyen en el clima de inseguridad, que lejos está de ser una mera sensación.

El informe difundido por el Observatorio del Delito de Córdoba, y que se basó en una encuesta de victimización, precisa que en en lo que va de 2021 hubo 22.297 asaltos violentos en la Capital, en comparación con los 23.851 episodios en idéntico período del año anterior.

Si se analiza la provincia en general, la cantidad trepa a 29.641 episodios, contra los 32.461 del año 2020.En paralelo, el informe dio cuenta de que tres de cada 10 autores de asaltos identificados e inculpados eran menores de edad, una percepción frecuente que, por lo visto, no es equivocada.

El aumento incesante de la delincuencia, que desmiente una y otra vez el remanido argumento oficial de que sólo se trata de una “sensación de inseguridad”, obliga a incrementar correlativamente la habilitación gubernamental al sector privado para complementar mediante tareas de vigilancia, prevención y control.

Se ha comprobado estadísticamente que, sin vigilancia privada, el concurso de las fuerzas policiales sería insuficiente para garantizar la seguridad, una facultad y responsabilidad reservada al Estado, que ejerce el monopolio de la fuerza.

No es un capricho del mercado, como se suele creer. Es una necesidad evidente: la de vivir con mayor tranquilidad, allí donde la inseguridad se ha convertido en unos de los asuntos más preocupantes y de mayor relevancia cuando los ciudadanos de todos los segmentos socioeconómicos (de manera individual, o bien desde instituciones, empresas públicas y privadas, entre otros sectores) piensan en calidad de vida…

El miedo no es tonto: más que sensaciones de inseguridad, lo que sentimos son hechos delictivos verificables y un elevado riesgo. Nada imaginario, sino real.