Relevamientos nacionales y provinciales coinciden en señalar que la inseguridad se ha convertido en unos de los asuntos sociales más preocupantes y de mayor relevancia, acaso porque guarda una relación directa con la calidad de vida.
Nadie se persigue en este tema: el incremento de la delincuencia oficialmente registrada (y que se verifica en segmentos socioeconómicos de distinto nivel) es un dato evidente, que objetiva una situación cotidiana real, más allá y por encima de la percepción subjetiva, que puede ser más o menos aproximada respecto de lo que ocurre en ese sentido.
La inseguridad como sensación se exacerba toda vez que al Estado, que ostenta el ejercicio del monopolio de la fuerza, no le resulta posible garantizar la cobertura integral para la protección de personas y de bienes.
Es lo que acontece, por mucho que el discurso de este o aquel gobierno de turno intente disimular las insuficiencias de las fuerzas policiales para prevenir situaciones de riesgo y, peor aún, los hechos delictivos.
Correlativamente, los servicios de vigilancia, prevención y control privados se han vuelto tanto más necesarios en espacios o lugares públicos y privados. No cualquier prestación, por cierto, sino aquella que esté garantizada por guardias formados profesionalmente, calificados por su elevada capacitación.