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COSTOS DE LA INSEGURIDAD

Las consecuencias de los hechos delictivos y la violencia son graves y duraderas. El crimen y el miedo a la victimización reducen considerablemente el bienestar y constituyen una amenaza al desarrollo: distorsionan la asignación de gastos públicos y privados, generan daños y pérdidas irreparables, alterando, además, nuestras rutinas diarias.

El costo del crimen -que es como decir: de la inseguridad- en la Argentina se estima en 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) por año, en un escenario, por así decirlo, conservador. Esto incluye el gasto público en policía, justicia y administración de prisiones, el costo social por victimización (ingreso no percibido de damnificados) y el lucro cesante de las personas privadas de libertad.

Aunque este costo se sitúa por debajo del promedio regional (3,5 % del PIB), es un monto harto significativo, y sería suficiente, por caso, para aumentar en 50 % el gasto en educación.

EL REFUERZO DE LA VIGILANCIA PRIVADA

Las estadísticas sobre inseguridad oficialmente registrada confirman la creciente necesidad de vigilancia privada en complemento de las tareas que llevan adelante las fuerzas policiales, particularmente en orden al control y prevención de delitos que pudieran afectar a personas y bienes en objetivos que esos efectivos no alcanzan a cubrir.

Según datos nacionales, Córdoba figura entre las cuatro jurisdicciones con el peor registro de inseguridad. El mapa argentino del delito ubica a nuestra provincia en dos extremos: entre las más inseguras del país y, al mismo tiempo, con una de las tasas más bajas de homicidios. Un informe del Ministerio de Seguridad de la Nación muestra las cifras de una realidad harto preocupante: asesinatos, robos y violaciones.

Se trata de un monitoreo constante que abarca a todo el territorio nacional con el objetivo de tener un punto de partida al momento de debatir sobre inseguridad, violencia y políticas públicas. Así, se advierte que la tasa de robos en Córdoba es la cuarta peor de todo el país (1.865 casos cada 100 mil habitantes), sólo por debajo de Mendoza (2.467), Neuquén (2.402) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2.374).

Desde el Gobierno cordobés señalaron que esto se debe a que otras provincias tendrían un subregistro de casos denunciados.

En contrapartida, al comparar las tasas provinciales de homicidios, Córdoba aparece en el extremo opuesto de la tabla: la séptima provincia con menor registro.

Santa Fe, Chubut y Mendoza son las jurisdicciones con más asesinatos, en tasas.

Por ello conviene aclarar que si bien hubo más crímenes, por ejemplo, en Buenos Aires que en Chubut, en lo que respecta a los números absolutos, al comparar las tasas surge que la segunda provincia tiene un indicador peor.

En tanto, Corrientes, Tierra del Fuego y Catamarca aparecen como las menos violentas, aunque el informe subraya que los datos de Corrientes no parecen fiables. El documento sintetiza los datos del Sistema Nacional de Información Criminal (Snic), realizado por la Dirección Nacional de Información Operacional y Mapa del Delito, a partir de las estadísticas entregadas por los organismos competentes de cada provincia y por las fuerzas federales, que están obligadas a cumplir a partir de la ley 22.117.

No obstante, en el informe se señala que aún no todas las provincias tienen similares mecanismos para registrar los delitos, por lo que todavía surgen diferencias y dudas con respecto a la utilidad de las comparaciones.

“Dichos problemas no deben llevar a descartar los sistemas de información delictiva y sus resultados, sino que deben suscitar cautela a la hora de analizar los datos”, se indicó desde el Ministerio de Seguridad de la Nación.

SEGURIDAD PRIVADA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Recientes estudios sobre el desenvolvimiento de la vigilancia privada dan cuenta de una marcada expansión de este sector. Una necesidad que se corresponde con las situaciones de inseguridad que nos toca vivir incluso desde antes de la pandemia del coronavirus, que determinó un incremento de la demanda de este servicio de protección.

De hecho, es posible verificarla, si bien de forma dispar, en los requerimientos de coberturas de guardias en edificios, countries, barrios cerrados, centros comerciales, espacios de recreación, empresas e instituciones tanto públicas como privadas.

Los requerimientos de vigilancia se incrementan día tras día, entre otras razones porque, exacerbados los riesgos, las crecientes necesidades sociales de seguridad han terminado por sobrepasar considerablemente la capacidad de respuesta del Estado.