En las actuales circunstancias, los servicios de vigilancia, prevención y control privados se han tornado fundamentales para la protección de personas y bienes.

Los requerimientos de vigilancia privada resultan proporcionales al incremento de la inseguridad pública, en cuyo contexto el aumento de la delincuencia oficialmente registrada (y que se verifica en distintos segmentos socioeconómicos) es un dato evidente, como lo indican relevamientos nacionales y provinciales.

Por eso mismo, debe ser una prestación garantizada por una organización que acredite firmeza jurídica, transparencia institucional, documentación fiscal y administrativa en regla, y que disponga de guardias formados profesionalmente, calificados por su elevada capacitación.