En las actuales circunstancias, con estrictas medidas restrictivas y de distanciamiento social obligatorio por la pandemia del coronavirus, los servicios de vigilancia, prevención y control privados se han tornado imprescindibles para la protección de personas y bienes en edificios, conjuntos inmobiliarios, empresas e instituciones.

Por eso mismo, y porque ha sido considerada un servicio esencial por el gobierno nacional, debe ser una prestación garantizada por una organización que acredite firmeza jurídica, transparencia institucional, documentación fiscal y administrativa en regla, y que disponga de guardias formados profesionalmente, calificados por su elevada capacitación.

La efectiva custodia de personas y bienes requiere, en rigor, una atenta y minuciosa observación. Esta capacidad no es sino una de las cualidades más preciadas de un vigilador, porque está en la base del procedimiento preventivo destinado a reducir las contingencias en contextos en que el riesgo siempre está como posibilidad.

Es una aptitud de percepción y registro de lo que ocurre, pero también de anticiparse a lo que podría suceder. Desde esta perspectiva, en términos de seguridad integral, el control resulta esencial a la prevención de incidentes.

La combinación de aptitudes profesionales y actitudes proactivas y responsables de los guardias son determinantes en ese sentido, cualquiera sea la naturaleza del objetivo que se proteja: instituciones privadas y públicas, empresas, consorcios, grandes superficies, entre otros.

Si la observación es clave, no lo son menos el recorrido y la verificación permanentes por todos los sectores señalados para efectuar la vigilancia, sobre todo teniendo en cuenta los riesgos evaluados previamente y por lo tanto las posibilidades de mayor vulnerabilidad.

Los protocolos de seguridad deben adecuarse en términos operativos a la modalidad de vigilancia pertinente según la naturaleza del objetivo. Se trata de procedimientos acordes a lo que se haya estipulado mediante contrato y, además, a las evaluaciones de riesgo efectuadas por especialistas para detectar con precisión las necesidades de custodia para la protección de bienes y personas.

De acuerdo con lo que se prescriba según cada situación, las correspondientes áreas de la organización que presta el servicio de vigilancia deben verificar regularmente la correcta ejecución de los protocolos.

Establecidos formalmente, los protocolos implican una metodología clara y unificada sobre las reglas operativas que deben observarse de modo estricto, de modo de garantizar calidad de las prestaciones y asegurar a los clientes rigor profesional.