En sus tres niveles (nacional, provincial y municipal), el propio Estado, aun con disponer de las fuerzas policiales y la facultad legítima de coacción, se ha convertido en un importante usuario de servicios de seguridad privada.
Aunque resulte un tanto paradójico, no es algo nuevo ni motivado sólo por situaciones coyunturales: el hecho, verificable en ciudades de los cuatro rumbos del país, se debe también en buena medida a la condición estructural de la criminalidad, algunas de cuyas modalidades exceden los alcances y la capacidad de respuesta de los organismos oficiales.
Como corresponde administrativamente, los prestaciones para dependencias estatales (que incluyen hospitales, museos, escuelas, institutos, entre otros objetivos) se contratan a través de llamados a licitación.
Cada vez más notable, el hecho constituye un indicador inequívoco sobre las crecientes necesidades de protección que se registran no ya sólo entre los particulares, sino también en las dependencias públicas.
Ello importa también, si bien se mira, un reconocimiento indirecto de la necesidad de cobertura adicional a las de los agentes policiales y del valor relevante que ostenta la vigilancia privada para ampliar las garantías de seguridad.
El Estado no es, pues, una excepción a los crecientes requerimientos de prevención y control que experimenta la propia sociedad, en tiempos de ostensible inseguridad ciudadana.