Los requerimientos de seguridad privada en América latina registran una tasa de crecimiento anual del 7 por ciento, en tanto que en la Argentina alcanza el 5 por ciento, en lo que constituye un gradual proceso de expansión.

En nuestro país, se verifica la presencia de 1 vigilador privado cada 273 habitantes; en Uruguay, 1 cada 269, y en Chile 1 cada 171.

Sin embargo, en contextos socioeconómicos disímiles, Colombia, Brasil, Chile y Uruguay muestran una mayor demanda de este tipo de prestaciones, con una creciente participación de los guardas privados frente a la competencia estatal sobre la seguridad como bien público.