De acuerdo con datos del Ministerio del Interior, la seguridad privada se expande en la Argentina a un ritmo del 5% anual y, en igual periodo , se incorpora a las filas de este segmento un promedio de 10.000 nuevos vigiladores.
Este incesante crecimiento del sector, en cantidad de guardias tanto como en infraestructura de servicios y recursos tecnológicos, ha experimentado una notable aceleración en los últimos cinco años, según fuentes gubernamentales, aun cuando, paradójicamente, todavía funcionarios nacionales y provinciales coincidan en aseverar que la “sensación de inseguridad” es superior a las contingencias reales o a los sucesos delictivos concretos.
Lo cierto es que la expansión de las prestaciones privadas tiene relación directa con el hecho de que las ingentes necesidades de seguridad sobrepasan la capacidad de repuesta de las fuerzas policiales, cuyo concurso no alcanza, ni con mucho, para atener el reclamo social por una vida cotidiana tranquila.
En términos de seguridad, si bien los problemas son similares, el mapa del país ofrece realidades dispares.
Las cifras son elocuentes en ese sentido: el 70% de la demanda de este tipo de protección se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que Santa Fe, Mendoza y Córdoba dominan el 15% de la porción restante. Otro 15% se distribuye en el resto de las provincias argentinas.