Con demasiada frecuencia, los principales análisis en materia de seguridad se realizan sobre los hechos consumados, de donde, por cierto, se derivan entonces recomendaciones tardías sobre métodos de prevención. Los riesgos podrían reducirse en tiempo y forma, para protección de personas y bienes, si las observaciones se anticiparan a las probabilidades del accionar de la delincuencia.
En ese orden, desde ámbitos oficiales se insiste en el consejo básico, si bien necesario, de impedir el ingreso de desconocidos a los complejos, cerrar las puertas de manera adecuada y ser solidarios entre vecinos para dar aviso sobre movimientos extraños o prestar ayuda.
Voceros de consorcios, referentes policiales y de la Justicia, coinciden en reivindicar indirectamente el rol fundamental de la vigilancia privada física, sin perjuicio de los dispositivos tecnológicos de control. “Las cámaras de seguridad y los llaveros de acceso electrónico en las puertas ya no alcanzan ni disuaden”, remarcan.
Como lo demuestra la reiteración de robos perpetrados con inconcebible facilidad en edificios constelados de cámaras, ladrones de distinto rango logran acceder sin mayores inconvenientes, pese a la existencia de estos mecanismos, complementarios de la efectiva presencia de vigiladores que operan como vigías en el control y la prevención.
“Las cámaras son elementos de videovigilancia que, como disuasión, lamentablemente ya no sirven demasiado. Si graban, pueden ser útiles sólo para la investigación”, admite Sebastián Viqueira, vicepresidente de la Cámara de la Propiedad Horizontal de Córdoba (CAPH). Para él, la contratación de guardias de seguridad privada es una salida para garantizar protección y, por lo tanto, mejorar la calidad de vida consorcial.
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