Caracterizadas como están las ciudades contemporáneas por el crecimiento de la criminalidad (la oficialmente registrada y la no declarada o denunciada), la vida urbana se desenvuelve con las dificultades que presentan los riesgos exacerbados. Una de las consecuencias más palpables de esa situación de inseguridad es el deterioro en las condiciones de la “calidad de vida”.
En ese contexto, se verifica una creciente demanda de protección para evitar distintos tipo de delitos, como, por caso, hurtos, robos, atentados contra las personas, entre otros.
Las limitaciones de las fuerzas policiales para garantizar la seguridad fuera del denominado “espacio de lo púbico” han impulsado la expansión complementaria de los servicios de vigilancia privada en la preservación de bienes y personas. Sus atributos funcionales de disuasión y prevención resultan fundamentales en términos de control.
Los requerimientos de mayor seguridad por parte de una sociedad atemorizada por el auge del delito no son otra cosa que una demanda de tranquilidad, un valor imprescindible que, en las actuales circunstancias, es necesario recobrar apelando no ya sólo a los recursos estatales sino también a los privados. La vigilancia física, en ese sentido, es imprescindible.