Preventivamente, mediante la vigilancia y el control, los guardias privados se anticipan de modo de no actuar sobre los hechos consumados. De ahí que resulten imprescindibles en la prevención de delitos o de situaciones que impliquen peligros contra las personas y los bienes.

Por eso mismo, es insuficiente la custodia de agentes armados y no es casual que, por lo general, mediante llamados a licitación, se solicite la participación de la seguridad privada en ámbitos públicos.

A pesar de la disponibilidad de policías para organismos oficiales, los guardias se desempeñan marcando una diferencia fundamental por su observación, recorrido y atención en alerta permanente.

De ahí que se incrementen día a día los requerimientos de parte de entidades estatales para contratar servicios de vigilancia y control privados, aun cuando esas dependencias puedan disponer del concurso de policías.

En nuestro país sólo el 47 por ciento de las víctimas de delitos denuncia el hecho ante las autoridades competentes. Predomina la convicción de que se trata de un procedimiento burocrático que importa una pérdida de tiempo y que no producirá resultados positivos, según conclusiones del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

En todos los niveles sociales se mantiene una alta desconfianza respecto de la denuncia. Por eso mismo, en relación con delitos de distinta naturaleza, persiste un elevado desconocimiento, en la medida en que existen episodios no registrados porque no fueron declarados.

En función de esas variables, las políticas de seguridad de los estados nacional y provinciales son diseñadas sobre la base de estadísticas incompletas.

La consiguiente necesidad de vigilancia privada como auxiliar de los agentes policiales no es casual.

De ahí la dificultad de contar con datos precisos sobre la penetración del delito mediante herramientas diferentes de las encuestas de victimización, que mal que bien compensan las deficiencias estadísticas de los organismos oficiales o estatales.