El concepto de vigilancia privada va más allá del hecho de evitar hechos delictivos que pudieran implicar daños a personas o la sustracción de bienes, aunque, por cierto, esa consecuencia sea lo que más preocupe.

La prevención de incidentes también debe formar parte de un servicio que se precie y orientado a los resultados en términos de tranquilidad. Sobre todo cuando se trata de contingencias que implican el riesgo probable de derivar en accidentes.

En este sentido, los procedimientos de vigilancia deben ser amplios y minuciosos, de modo de no dejar nada librado al azar y reducir al máximo las situaciones riesgosas a que están expuestas las personas, el cuidado de cuyos bienes también se procura.

Los requerimientos de protección se incrementan día tras día, entre otras razones porque, exacerbados los riesgos, las crecientes necesidades sociales de seguridad han terminado por sobrepasar considerablemente la capacidad de respuesta del Estado.

Ello es así, en mayor o en menor grado, en el orden nacional, lo mismo que en las provincias, de acuerdo con las realidades de cada ciudad, localidad o región, que no son homogéneas pero que coinciden en cuanto al aumento de los riesgos, de los hechos delictivos y de la victimización como la amenaza más temida.

Recientes estudios sobre el desenvolvimiento del sector de la vigilancia privada dan cuenta de esa expansión, que se verifica, si bien de forma dispar, en los requerimientos de coberturas de guardias en edificios, countries, barrios cerrados, centros comerciales, espacios de recreación, empresas e instituciones tanto públicas como privadas