Se dirá que la vigilancia privada no garantiza la seguridad, cuya responsabilidad indelegable concierne a las fuerzas estatales, pero, en rigor de verdad, reduce los riesgos mediante el control de las contingencias y previene los episodios que contribuyen a vulnerarla.

Desde esa perspectiva, la vigilancia privada disminuye la inseguridad. No es casual, pues, la pretensión gubernamental en la provincia de Córdoba por articular la seguridad pública con la seguridad privada.

La estadística sobre distintas variantes de hechos delictivos verificados en segmentos socioeconómicos de diferente nivel contrasta con las sensaciones de inseguridad, esa excusa remanida al que apelan una y otra vez los gobiernos de turno.