La pandemia por el coronavirus trajo incertidumbre en diversos planos y, peor aún, mayor inseguridad, que se experimenta -con diferencias de grado y de modalidades operativas- en sectores económicos pudientes tanto como en segmentos medios. En ese contexto, no contar con vigilancia privada puede resultar mucho más costoso que en situaciones de normalidad.
El hecho de “quedarse en casa”, no ya por cuarentena obligatoria, porque lo que rige en Córdoba es el distanciamiento social, sino por prevención, no exime de la posibilidad de ser víctimas de robos o de asaltos, en un escenario de excepcionalidad en que los delincuentes han recreado las formas de sorprender A a los particulares o a las familias para hacerse de sus pertenencias.
Las necesidades de prevención y control son proporcionales a ese temor que no es caprichoso: responden a datos objetivos de la nueva realidad que vivimos.
Es lo que acontece en especial en los edificios, en que los servicios de vigilancia se han visto precisados de incrementar la atención de los guardias en los denominados “espacios o sectores comunes” y reforzar los controles de ingresos y egresos de personas para verificar si se trata de consorcistas, inquilinos o sujetos ajenos al lugar.
En viviendas que no forman parte de la propiedad horizontal los robos se producen por otras razones y en distintas circunstancias, pero también se han incrementado por el desorden que introduce la pandemia.
