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SI HAY VIGILANCIA, HAY TRANQUILIDAD

La necesidad de sentirnos seguros y de vivir en tranquilidad forma parte de la demanda cotidiana que es posible verificar, con diferencias de grado, en distintos segmentos socioeconómicos, sea de manera individual, o bien desde instituciones, empresas públicas y privadas, entre otros sectores.

El incesante aumento de la delincuencia oficialmente registrada instala la percepción real de que el delito, en sus distintas variantes, integra la trama de los hechos cotidianos.

La estadística en ese sentido contrasta con las sensaciones de inseguridad, que suelen ser una excusa de los gobiernos de turno en un intento por justificar la insuficiencia de las fuerzas policiales para prevenir las situaciones de riesgo de las que se prevalece la delincuencia, a falta de vigilancia y control efectivos.

La inseguridad se ha convertido, pues, en unos de los asuntos más preocupantes y de mayor relevancia, en un contexto en que el Estado, por mucho que se esfuerce en el ejercicio del monopolio de la fuerza, no alcanza a garantizar, sin embargo, la cobertura integral para la protección de personas y de bienes…

PARA DISMINUIR LA INSEGURIDAD

Se dirá que la vigilancia privada no garantiza la seguridad, cuya responsabilidad indelegable concierne a las fuerzas estatales, pero, en rigor de verdad, reduce los riesgos mediante el control de las contingencias y previene los episodios que contribuyen a vulnerarla.

Desde esa perspectiva, la vigilancia privada disminuye la inseguridad. No es casual, pues, la pretensión gubernamental en la provincia de Córdoba por articular la seguridad pública con la seguridad privada.

La estadística sobre distintas variantes de hechos delictivos verificados en segmentos socioeconómicos de diferente nivel contrasta con las sensaciones de inseguridad, esa excusa remanida al que apelan una y otra vez los gobiernos de turno.

CUANDO CON LA POLICÍA NO ALCANZA

A diferencia de lo que acontece en la Argentina, en muchos países de América latina, la Policía, fuera de su labor habitual, no cubre horas extras ni adicionales ni tareas de seguridad por encargo de particulares, empresas o instituciones, por lo cual ese servicio resulta propio y exclusivo de los vigiladores privados.

En esos casos, el Estado regula la participación complementaria de las organizaciones de seguridad privada (empresas y cooperativas) teniendo en cuenta no sólo las necesidades de cobertura para la protección de bienes y personas, sino también las restricciones impuestas a los agentes oficiales.

En nuestro país, en cambio, el considerable incremento de la demanda de guardias para la vigilancia, control y prevención se debe más al hecho de que el concurso de los agentes policiales no alcanza.

Un déficit evidente que, por curioso contrasentido, se observa incluso de manera clara en numerosas instituciones públicas y dependencias estatales, de la Provincia tanto como de la Nación.