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VIGILANCIA PRIVADA, CADA VEZ MÁS NECESARIA

Los requerimientos de vigilancia privada resultan proporcionales al incremento de la inseguridad pública, en cuyo contexto el aumento de la delincuencia oficialmente registrada (y que se verifica en distintos segmentos socioeconómicos) es un dato evidente, como lo indican relevamientos nacionales y provinciales.

En las actuales circunstancias, los servicios de vigilancia, prevención y control privados se han tornado fundamentales para la protección de personas y bienes.

Por eso mismo, debe ser una prestación garantizada por una organización que acredite firmeza jurídica, transparencia institucional, documentación fiscal y administrativa en regla, y que disponga de guardias formados profesionalmente, calificados por su elevada capacitación.

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DE LA INSEGURIDAD, SIN DISTINCIÓN DE CLASES

La inseguridad se ha convertido en unos de los asuntos más preocupantes y de mayor relevancia para los ciudadanos de todos los segmentos socioeconómicos del país, sin distinción de clases.

No es, como se suele creer, una sensación infundida por los medios de comunicación masiva ni por el auge de las redes sociales que multiplican mensajes negativos. Por lo contrario, lo que sentimos se corresponde con la estadística alarmante de hechos delictivos verificables y el elevado riesgo que acecha a la vuelta de la esquina.

La inseguridad no es producto de la imaginación o del miedo. Es real y, si bien se mira, el incesante aumento de la delincuencia exige día tras día medidas preventivas personales tanto como colectivas, más allá del concurso de las fuerzas policiales a través de las cuales el Estado ejerce una facultad insustituible

Sin embargo, ese incremento del delito obliga a la mayor habilitación gubernamental al sector privado para complementar mediante tareas de vigilancia, prevención y control.

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ALCANCES DE LA CRIMINALIDAD

Las consecuencias de los hechos delictivos y la violencia son graves y duraderas. El crimen y el miedo a la victimización reducen considerablemente el bienestar y constituyen una amenaza al desarrollo: distorsionan la asignación de gastos públicos y privados, generan daños y pérdidas irreparables, alterando, además, nuestras rutinas diarias.

Desde una perspectiva psicosocial, atravesamos en nuestro país una pandemia en el sentimiento de inseguridad, según coinciden en advertir los especialistas en la materia en un informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

Esa situación genera anomia, con ruptura de los lazos de solidaridad y de apoyos mutuos. Se exacerba la desconfianza hasta el quiebre de la solidaridad comunitaria, se tiende a evitar el uso de los espacios públicos y se extiende el temor a convertirse en víctima.

Por esas mismas razones, crecen las necesidades de contar con seguridad adicional a la que debería garantizar el Estado, de donde se explica también la demanda de vigilancia privada que contribuya, con sus modalidades y recursos, a la protección de bienes y personas mediante el control y la prevención de los hechos delictivos.