La estadística sobre distintas variantes de hechos delictivos verificados en segmentos socioeconómicos de diferente nivel contrasta con las sensaciones de inseguridad, esa excusa remanida al que apelan una y otra vez los gobiernos de turno.

Se dirá que la vigilancia privada no garantiza la seguridad, cuya responsabilidad indelegable concierne a las fuerzas estatales, pero, en rigor de verdad, reduce los riesgos mediante el control de las contingencias y previene los episodios que contribuyen a vulnerarla. Desde esa perspectiva, la vigilancia privada disminuye la inseguridad.

No es casual, pues, la pretensión gubernamental en la provincia de Córdoba por articular la seguridad pública con la seguridad privada.