No es algo nuevo, aunque resulte un tanto paradójico: el propio Estado, que dispone oficialmente de las fuerzas policiales, se ha convertido en un importante usuario de servicios de seguridad privada.
Cada vez más notable, el hecho constituye un indicador inequívoco sobre las crecientes necesidades de protección que se registran no ya sólo entre los particulares, sino también en las dependencias públicas.
Como corresponde administrativamente, los prestaciones para organismos oficiales (que incluyen hospitales, museos, escuelas, institutos, entre otras unidades estatales) se contratan a través de llamados a licitación.
El Estado no es, pues, una excepción a los crecientes requerimientos de prevención y control que experimenta la propia sociedad, en tiempos de ostensible inseguridad ciudadana.
