Los administradores de consorcios coinciden en advertir que, sin la presencia de guardias privados que ejerzan la vigilancia física, resulta insuficiente el control con dispositivos electrónicos.
La conclusión se desprende de un relevamiento -basado en una muestra estadística de 30 edificios-, de acuerdo con el cual el 76 % de los edificios de Córdoba cuenta con llavero magnético y el 60 % tiene, además, cámaras de seguridad, y sin embargo no alcanzan esos mecanismos para garantizar la protección integral de personas y de bienes.
Es sondeo señala, además, que sólo el 6% de los consorcios tiene trabajadores activos durante las 24 horas y el 20% es vigilado por guardia nocturno.
El 74% restante no dispone de nadie que controle el ingreso, y por lo tanto, toda la responsabilidad termina por recaer sobre los vecinos del edificio, en un contexto de creciente inseguridad e incremento de los hechos delictivos.
En ese sentido, si bien las cámaras de seguridad sirven para darle una respuesta subsidiaria a la víctima eventual y a la Policía, que las utiliza como evidencia, no son elementos de efectiva prevención.
De igual manera, tanto administradores como vecinos suelen perder el rastro de lo que ocurre con la grabación y la investigación basada en ella.
Más incertidumbre surge toda vez que se produce un corto circuito o algún problema técnico, y las cámaras dejan de grabar. Estas situaciones aumentan la tensión entre vecinos y administradores, en la medida en que éstos, en esas circunstancias, no pueden ofrecer respuestas convincentes.