La decisión gubernamental en la provincia de Córdoba de articular la seguridad pública con la seguridad privada, reflejada a través de una ley ya sancionada, no ha sido casual. Se explica, entre otras razones, por el hecho de que la inseguridad -convertida en una preocupación prevalente de nuestra sociedad- determina que se necesiten en buena medida vigiladores privados en complemento de la cobertura integral para la protección de personas y de bienes, de modo de reducir por lo menos sus alcances.
Se sabe que la vigilancia privada no garantiza la seguridad, cuya responsabilidad indelegable concierne a las fuerzas estatales, pero reduce considerablemente los riesgos mediante el control de las contingencias y previene los episodios que contribuyen a vulnerarla.
Lo que acontece en la vida cotidiana implica un incesante aumento de la delincuencia, esté o no oficialmente registrada. Se trata de un dato evidente y objetivo, más allá y por encima de la percepción subjetiva, que puede ser más o menos aproximada respecto de lo que ocurre en ese sentido.
