Con una tasa de 2.890 delitos contra la propiedad cada 100 mil habitantes, nuestra provincia se ubica en el quinto lugar del mapa criminal de la Argentina, debajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y de Neuquén, Salta y Catamarca, respectivamente.

La inseguridad crece de día en día en el país, no ya cómo sensación sino como realidad concreta, señalada por los hechos. Córdoba no es la excepción: en materia de robos, está en una situación mucho más preocupante que otros distritos históricamente catalogados como de riesgo, tal el caso de Santa Fe o Buenos Aires, con su conurbano, según un informe estadístico oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación.

En contraste, en cuanto a homicidios dolosos –sea por hechos de inseguridad, violencia urbana o de género–, Córdoba queda situada en una posición mucho menos grave: se encuentra en el 17º lugar, con una tasa de tres homicidios cada 100 mil habitantes.

Santa Fe encabeza la nomina de asesinatos, con una tasa de ocho casos cada 100 mil habitantes.

Con al menos 3 de cada 10 hogares afectados directamente por robos cada año, las estadísticas muestran que existe una real y alta posibilidad de ser víctima del delito en la Argentina, según relevamientos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.

Las percepciones de inseguridad no son generadas por los medios de comunicación de masas en general ni por la difusión de emblemáticos casos delictivos en particular, tal como se suele creer o afirmar. En proporción directa a esa realidad, la vigilancia privada, en complemento de las fuerzas estatales de seguridad, se ha tornado imprescindible.

Es una excusa ya remanida a la que apelan los gobiernos de turno para justificar su impericia en la prevención y control de episodios reales que engrosan las estadísticas de ese verdadero flagelo social que es la inseguridad.