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PARA FORTALECER LA SEGURIDAD COMUNITARIA

La participación de los vigiladores privados para fortalecer la seguridad integral comunitaria, particularmente en tareas de prevención y control, crece día tras día en la provincia de Córdoba.

Ello es así, sobre todo, por cierto, en la capital y en ciudades del interior de mayor expansión urbana, como acontece, por caso, con Río Cuarto, San Francisco, Villa María, Carlos Paz y Bell Ville, entre otras, adonde las necesidades de custodia complementaria a las prestaciones de las fuerzas policiales se han incrementado en proporción directa al aumento de los hechos delictivos que atentan contra personas y bienes.

Sobre un total de 12.000 vigiladores privados, 7.200 (60 %) brindan prestaciones en instituciones de distinta naturaleza, organismos públicos y privados, así como también en empresas.

Alrededor de 4.800 guardias (40 %) se desempeñan en doscientos countries y barrios cerrados distribuidos a lo largo y ancho del territorio provincial.

Por fuera de ese esquema organizado bajo la habilitación del Ministerio de Gobierno de la Provincia para brindar el servicio de seguridad privada, se cuentan 7 mil vigiladores que trabajan sin autorización oficial, la mitad de los cuales son “rondines”; el resto se trata de policías retirados o exonerados de la fuerza, a quienes la ley les impide formar parte de una organización que brinde servicios de vigilancia.

El concurso de los guardias complementa la labor que ejercen 17.500 policías efectivamente activos.

LA INSEGURIDAD, SIN DISTINCIONES DE CLASE

La criminalidad oficialmente registrada y las sensaciones subjetivas acerca de si existe un mayor o menor grado verificable de hechos delictivos acercan a las distintas clases sociales, cuyas divisiones, al parecer, no pasan por el tema de la seguridad, sino por estatus económico.
 
Más arriba o más abajo de la estructura social, aun con las diferencias de condiciones y estilos de vida, la mirada sobre el delito y sus consecuencias probables, los peligros, las amenazas, los riesgos y los temores, son coincidentes.
 
El temor se desencadena como producto de un flagelo social en un contexto en que nadie se considera exento de ser una víctima eventual, en una sociedad ganada por la violencia. Eso sí: las diferencias de recursos económicos se correlacionan con las posibilidades de algunos sectores de contratar servicios de vigilancia, prevención y control, allí donde no existen suficientes garantías por parte de las fuerzas policiales.
 
Esas conclusiones se desprenden del informe “Victimización e inseguridad subjetiva en la población urbana de la Argentina”, elaborado por la Universidad Católica Argentina.
 
Basado en una encuesta nacional realizada por esa casa de altos estudios, el relevamiento indica a ese respecto que se trata de un problema común a todos los ciudadanos, si bien en el caso de los sectores pudientes se comprueban diferencias de escala, incluso cuando las modalidades criminales sean similares.

PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD Y CRIMINALIDAD REAL

“La inseguridad es un problema social, actual y relevante que tiene consecuencias sobre todo en lo subjetivo y en la percepción del contexto social. La brecha entre la percepción de inseguridad y las condiciones objetivas de criminalidad y violencia alimenta la alienación social de los ciudadanos y disminuye su calidad de vida”.
 
La observación está contenida en el informe “Victimización e inseguridad subjetiva en la población urbana de la Argentina”, elaborado por la Universidad Católica Argentina sobre la base de una encuesta nacional realizada por esta casa de altos estudios.
 
El relevamiento concluye, categóricamente, en que “la inseguridad es una de las mayores problemáticas sociales que hoy en día caracteriza a los ciudadanos argentinos”.
 
La encuesta estuvo centrada en la inseguridad “objetiva” y la “subjetiva”.
 
Mientras la primera apunta a establecer si el entrevistado o algún miembro de su hogar sufrió un hecho de delincuencia o de violencia en el último año, la segunda intenta medir el sentimiento de inseguridad y la percepción de riesgo.
 
De esta manera, el 27,7 por ciento de los encuestados manifestó haber sufrido él o alguien de su hogar un episodio delictivo en los últimos 12 meses.
 
Pero fueron muchos más lo que dijeron que temían ser víctimas en el futuro: el 87,3 por ciento.
 
Para el estudio, se encuestó a mayores de 18 años residentes en aglomerados urbanos con 80.000 habitantes o más, que fueron reunidos en tres grandes grupos: Gran Buenos Aires (GBA), otras áreas metropolitanas (OAM) y resto urbano. El tamaño de la muestra fue de 5.683 casos para cada grupo.
 
El grupo GBA comprendía a la Ciudad de Buenos Aires, conurbano Zona Norte, Oeste y Sur. Por su parte, por OAM se entendía Gran Rosario, Gran Córdoba, San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo y Gran Mendoza. En el resto urbano estaban contempladas Mar del Plata, Gran Salta, Gran Paraná, Gran Resistencia, Gran San Juan, Neuquén-Plottier-Cipoletti, Zárate, La Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro Rivadavia y Ushuaia-Río Grande.